La Contraloría General de la República encendió la mecha. Luego de que el organismo fiscalizador confirmara que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones al solicitar información reservada a la PDI (Policía de Investigaciones de Chile), los cinco diputados opositores de la Comisión de Seguridad de la Cámara se reunieron este viernes por la mañana para definir sus próximos pasos.

La reunión, realizada de forma telemática entre las 8.30 y las 9.15 horas, convocó a Bernardo Salinas (Partido Comunista), Patricio Pinilla (Democracia Cristiana), Jaime Araya (independiente, cercano al Partido por la Democracia), Tatiana Urrutia (Frente Amplio) y Raúl Leiva (Partido Socialista). Todos acordaron impulsar una comisión especial investigadora y estudiar una acusación constitucional contra Steinert, con consulta previa a sus partidos y jefes de bancada.

El dictamen, emitido a petición de parlamentarios según informó La Tercera, concluye que Steinert debió abstenerse de pedir esos antecedentes. La razón: la exministra había conocido la investigación policial durante su paso como fiscal en Iquique, antes de integrarse al gabinete del presidente José Antonio Kast. Solicitar información de esa causa desde el ministerio fue, a juicio de Contraloría, actuar fuera de sus atribuciones legales.

Pinilla fue directo: "Es una situación grave, porque incumplió la ley, faltó al deber de abstención". El parlamentario democratacristiano también cuestionó la reacción del gobierno. "Ha sido impropia", afirmó, aludiendo a que el vicepresidente Claudio Alvarado calificó el episodio como un error y que el diputado Arrau respaldó a la exministra. "No hay un aprendizaje. El gobierno debe ser más claro y preciso", insistió.

Leiva coincidió: el gobierno "no ha tomado debida cuenta de la gravedad de este hecho". El diputado socialista subrayó que cualquier decisión se adoptará de forma colectiva, respetando las posiciones de las bancadas. "Las opciones son varias, desde una comisión especial investigadora a una acusación constitucional. Ninguna se descarta", cerró Pinilla.

La ofensiva parlamentaria se produce después de que la propia Steinert justificara, en un documento reservado, que su intervención buscaba proteger la investigación contra el Clan Chen, un caso de crimen organizado que ella conocía desde sus años como fiscal. El dictamen de Contraloría descartó ese argumento como fundamento válido para saltarse el deber de abstención.

El próximo paso será una reunión ampliada con presidentes de partido y jefes de bancada, donde los parlamentarios decidirán si avanzan con la comisión investigadora, con la acusación constitucional o con ambas vías en paralelo.