$90 millones de compensación en disputa: el lío judicial que envuelve a Puente Alto con una funcionaria de 98 años Una de las funcionarias más longevas del Estado fue despedida en noviembre de 2025, y tras una demanda laboral se puso sobre la mesa una posible salida de casi 100 millones de pesos, lo que no ha sido sometido a la deliberación del concejo municipal. Fue en noviembre del año pasado cuando la funcionaria pública de 98 años Berta Benavente fue despedida de la Municipalidad de Puente Alto, liderada por Matías Toledo, luego de casi 25 años de trabajo en la institución.
Esa desvinculación tiene hoy sumido al municipio en una demanda laboral interpuesta por la mujer el pasado 5 de enero y que involucra $90 millones en disputa. El dilema actual tiene su origen el 20 de marzo, cuando la municipalidad liderada por Toledo propuso, “con el solo ánimo de poner término al presente juicio” -según se lee en la causa- el pago de un monto de $90 millones a Benavente.
Sin embargo, dicho monto, según se estableció, “será pagado una vez se encuentre debidamente aprobada la presente conciliación por el concejo municipal“. Pero la tensión escaló, porque los abogados de la funcionaria acusan al municipio de no someter a votación del concejo dicho pago, lo que tiene a la mujer esperando la compensación.
De hecho, en una comunicación del municipio al Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto afirman que “la decisión de no someter la conciliación a la aprobación del concejo municipal no constituye un acto ilícito, sino el ejercicio legítimo de facultades legales conferidas al Sr. Alcalde, considerando además que dicha decisión se funda en criterios técnicos y jurídicos, orientados al resguardo del interés municipal y del patrimonio público”.
El abogado que lidera la causa, Christian Gore -junto al jurista Simón Yévenes-, sostiene que “nos parece increíble la actitud que adoptó el alcalde de Puente Alto con una adulta mayor tan emblemática para la comuna como lo es la señora Berta Benavente, pues lo que hace es derechamente un engaño al arribar a un acuerdo reparatorio propuesto por un tribunal y, luego de ello, mandar a decirnos que no iba a cumplirlo. Yo creo que una persona de 98, que trabajó por las personas como lo hizo, no merece este trato que raya en lo inhumano”.