Seis alcaldes de la Región Metropolitana visitaron La Moneda este martes para exigir que el Gobierno acelere la tramitación de la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente. La petición fue entregada directamente a José García Ruminot, secretario general de la Presidencia, junto a un documento jurídico de 21 páginas con propuestas concretas de cambios al sistema actual.

La iniciativa ha comenzado a llamarse "ley Alejandro", en referencia al niño de 12 años que murió tras ser víctima de una encerrona, el tipo de robo en que delincuentes bloquean un vehículo para asaltarlo. Su caso reavivó el debate sobre los límites del sistema penal para menores de edad.

Los alcaldes Sebastián Sichel (Ñuñoa), María Isabel Valenzuela (Colina), Camila Merino (Vitacura), Jaime Bellolio (Providencia), Paula Garate (Melipilla) y Carol Bown (San Miguel) firmaron la propuesta, que identifica varias aristas donde el sistema actual falla.

El documento sostiene que "no basta con aumentar el límite del artículo 18" de la ley vigente. Los alcaldes piden que el endurecimiento opere en la determinación de la pena, la selección de la sanción, la ejecución, la sustitución, la remisión, la intervención técnica, la participación de la víctima y la responsabilidad de los adultos que delinquen junto a menores.

Uno de los puntos más técnicos apunta a reemplazar la "lógica puramente aritmética" que hoy reduce las penas en el sistema adolescente. Los alcaldes proponen sustituirla por una "proporcionalidad sustantiva", sobre todo para delitos graves como homicidio calificado, violación con homicidio y secuestro, todos tipificados en el Código Penal.

También piden un "catálogo mixto de delitos de máxima lesividad" que permita aplicar sanciones más duras cuando el crimen involucra organizaciones criminales, y proponen reforzar la especialización de los jueces que llevan cada caso.

La suma urgencia es el mecanismo constitucional que obliga a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado a votar un proyecto en seis días hábiles. Solo el Ejecutivo puede activarla, lo que convierte la reunión de este martes en una presión directa al Gobierno para que tome esa decisión.