El Panel de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica (UC) registró en junio uno de los consensos más amplios de su historia reciente: el 94% de sus integrantes respaldó la necesidad de endurecer los requisitos para presentar acusaciones constitucionales (AC), el mecanismo que permite al Congreso fiscalizar y destituir a autoridades del Ejecutivo.

La medición llegó en un momento políticamente cargado. El Senado se prepara para votar la AC presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, mientras un grupo transversal de senadores y diputados presentó en paralelo una reforma constitucional para elevar los estándares de este procedimiento.

Entre los expertos del panel, un 62% se manifestó muy de acuerdo con la propuesta de cambio y un 33% de acuerdo. Solo un 3% estuvo muy en desacuerdo, y otro 3% se declaró neutral. El panel agrupa a economistas y profesionales de distintas disciplinas, con orientaciones de centroizquierda y centroderecha, y funciona en alianza con Radio Pauta y Diario Financiero.

Diego Gil, profesor de la Escuela de Gobierno de la UC, interpretó el resultado como reflejo de una percepción compartida: que la herramienta se ha usado con fines que exceden la fiscalización. "Hay una cierta sensación de que se está abusando de esta herramienta política y que se está realizando lo que la literatura llama lawfare, es decir, el abuso de herramientas legales para conseguir victorias políticas", señaló.

Gil precisó que esas victorias "deberían ocurrir en el terreno político o en materia electoral", y que el uso de procedimientos constitucionales para disputas de ese tipo se ha repetido en distintas administraciones. El académico aludió a acusaciones previas contra ministros de distintos gobiernos como parte del mismo patrón.

La reforma impulsada por parlamentarios propone, entre otras medidas, duplicar las firmas necesarias para presentar una AC: de 10 a 20 patrocinantes entre los diputados. El texto también exigiría que antes de la acusación se haya realizado una interpelación al ministro, además de endurecer las causales y reglas de aprobación. El Senado tiene plazo para pronunciarse sobre la acusación contra Grau en los próximos días.