A días del inicio del año escolar 2026 entra en vigor la norma que restringe el uso de celulares en los establecimientos de parvularia, básica y media. La medida ya no es solo una decisión pedagógica, se transforma en obligación legal que obliga a directores, sostenedores y apoderados a definir cómo aplicarla en cada colegio.
El debate sobre los teléfonos en clase tiene antecedentes recientes. Muchos niños acceden a su primer celular antes de los nueve años, y estudios internacionales muestran efectos en el aprendizaje. El informe GEM 2023 de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, asocia la presencia de teléfonos en las escuelas con mayores niveles de distracción y con un impacto negativo en los aprendizajes, y recomienda prohibición o regulación clara y consistente.
Ana María Tello, directora de la Escuela de Educación de Iplacex, instituto online chileno, afirma que la norma "surge como una respuesta a una necesidad evidente: los dispositivos móviles han generado tensiones y dificultades en los espacios educativos". Es necesario avanzar hacia acciones que permitan un equilibrio en el uso de la tecnología, potenciando sus beneficios y previniendo sus efectos negativos, dice.
Para facilitar la transición, la comunidad educativa puede aplicar medidas prácticas. Primero, promover una pausa digital que priorice actividades presenciales, trabajo manual y deporte para recuperar la atención y los vínculos. Segundo, incorporar formación sobre uso ético y responsable de la tecnología, incluyendo privacidad y huella digital. Tercero, fortalecer la coordinación con las familias para que exista coherencia entre las normas del hogar y las del colegio.
La implementación concreta quedará en manos del Ministerio de Educación y de los sostenedores, que deberán actualizar los reglamentos de convivencia escolar, definir protocolos, y capacitar a docentes y asistentes. En la práctica esto implica comunicar reglas claras antes del inicio de clases, establecer procedimientos para situaciones excepcionales y diseñar estrategias de comunicación entre escuela y hogar.
Quien gana con la norma es, en principio, el proceso de enseñanza: más atención en el aula puede traducirse en mejores resultados de aprendizaje. También pueden ganar los docentes, al recuperar herramientas de orden y manejo del aula. Quienes enfrentan costos políticos y de ajuste son algunos apoderados preocupados por la seguridad y la comunicación inmediata con sus hijos, y establecimientos que deberán invertir en formación y protocolos.
El paso siguiente será medir el efecto real de la medida en el rendimiento y la convivencia. Las escuelas deben prepararse para monitorear y reportar resultados, y las autoridades para ofrecer apoyo técnico. Sin esa evaluación, la ley corre el riesgo de ser una regla en el papel sin impacto sostenido en las aulas.
