Un vuelco radical en los mecanismos de fiscalización del Gran Santiago y las capitales regionales comenzará a operar de manera inmediata. El ministro de Transportes, Louis de Grange, anunció de forma oficial la entrada en vigor de un nuevo y robusto marco legal diseñado exclusivamente para combatir la evasión en el sistema de transporte público.
La puesta en marcha de esta normativa se gatilló luego de que la Contraloría General de la República tomara razón del decreto correspondiente, otorgando el respaldo jurídico definitivo a una agenda que busca erradicar las conductas reincidentes en los validadores de los buses y andenes en este 2026. La máxima autoridad de la cartera sectorial fue enfática al evaluar el escenario normativo previo, manifestando que el no pago del pasaje representa un problema grave que afecta la convivencia como sociedad y deteriora la imagen país.
De Grange subrayó que el objetivo central de este endurecimiento reglamentario es avanzar con mayor fuerza institucional y efectividad fiscalizadora para asegurar la sostenibilidad financiera de la infraestructura de conectividad urbana. El nuevo cuerpo legal introduce herramientas inéditas de persecución administrativa y financiera para quienes vulneren el cobro del pasaje.
Entre los ejes principales de la normativa destaca la creación de un registro nacional de evasores, el cual consolidará los antecedentes de los infractores a nivel país. Asimismo, el decreto abre la opción de que los usuarios sancionados puedan extinguir la falta pagando el valor de la multa en el mismo momento de ser controlados en terreno por los inspectores.
En caso de mantener la condición de morosidad, los evasores arriesgan castigos severos que tocan directamente su billetera y su relación con el aparato público, incluyendo la prohibición expresa de acceder a diversos beneficios estatales y subsidios gubernamentales. El ferrocarril como motor de desarrollo regional El anuncio ministerial se desarrolló en un escenario de alta carga simbólica.