Chile envejece aceleradamente. Según el Censo 2024 el 14% de los chilenos tiene más de 65 años, casi el doble que en 1992.
El Ãndice de envejecimiento poblacional es de 79 personas mayores por cada 100 menores de 15 años, el más alto de la historia. A comienzos de este mes, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.822, Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable.
Contiene avances concretos y establece por primera vez un catálogo comprehensivo de derechos para las personas mayores de 60 años, a la salud sin discriminación, a la autonomÃa en sus decisiones, a una vida libre de violencia, al trabajo digno, a la conectividad digital y a la participación cultural y deportiva; crea procedimientos judiciales especÃficos con representación legal garantizada para quienes no puedan procurársela; y por primera vez, tipifica la discriminación por edad como categorÃa sancionable. El problema es que gran parte de nuestra polÃtica pública en envejecimiento descansa en evidencia generada en el norte global, en contextos demográficos, culturales y sanitarios que no son nuestros.
Y esto es relevante porque los estudios en trayectorias de vida muestran que la forma en que envejecemos depende de factores genéticos y no genéticos que son profundamente locales como las condiciones sociales, económicas, ambientales y conductuales. Diseñar polÃticas con datos ajenos implica intervenir sobre una realidad que no hemos medido.
En Chile no tenemos cohortes longitudinales nacionales que tracen las trayectorias de envejecimiento en la población. La investigación en psicogeriatrÃa es marginal pese a que la ley consagra el derecho a la salud mental de las personas mayores.