La Contraloría General de la República publicó este viernes un dictamen que reprocha a Trinidad Steinert, exministra de Seguridad Pública. La ex autoridad solicitó antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre una causa penal activa. El organismo determinó que esa acción excedió sus atribuciones y vulneró el deber de abstención que impone la legislación.
El pronunciamiento fue explícito: "La actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención". La Contraloría estableció que la información requerida no era necesaria para las funciones del ministerio. Además, advirtió que la consulta podía afectar una investigación penal en manos del Ministerio Público.
Un antecedente agravó el reproche. La causa sobre la que Steinert pidió información en marzo de 2026 era la misma que ella había liderado previamente como fiscal regional de Tarapacá. El organismo consideró ese historial para reforzar su conclusión sobre la falta al deber de abstención.
El biministro Claudio Alvarado descartó este viernes que lo ocurrido sea un error político. Lo calificó como una infracción de carácter legal. "Lo que se transgredió es que se hizo una consulta respecto a personas que estaban llevando una causa que le corresponde al Ministerio Público", explicó.
Pese al reproche, Alvarado relativizó el episodio. "Todos los ministros podemos cometer algún tipo de error", dijo. Reconoció el aporte de Steinert durante su gestión y agregó que la falta al deber de abstención "suele ocurrir en muchas oportunidades en diferentes instancias".
El dictamen no implica sanción penal, pero establece un precedente administrativo claro sobre los límites que los ministros deben respetar frente a causas bajo investigación del Ministerio Público. El gobierno indicó que tomará el fallo como referencia para actuar con mayor cuidado en situaciones similares.
