La Audiencia Nacional obliga al juez Pedraz a reabrir la causa contra el venezolano dueño de las gafas Hawkers El instructor había archivado la investigación por blanqueo de capitales y la Fiscalía Anticorrupción había presentado un recurso La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha obligado al juez Santiago Pedraz a reabrir la investigación contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, dueño de la empresa de gafas Hawkers, entre otros negocios. El magistrado instructor había archivado la causa contra él y otros cinco sospechosos de introducir, presuntamente, dinero en Europa proveniente de un “fraude” de 4.850 millones de dólares (3.778 millones de euros) derivado de un “supuesto préstamo que se firmó en marzo de 2012 por parte de la petrolera estatal venezolana PDVSA y la empresa privada Administrador Atlantic” porque concluyó que los hechos ya habían sido enjuiciados en Venezuela.
La Fiscalía Anticorrupción argumentaba que todavía quedaban muchos flecos por esclarecer si había existido un blanqueo de capitales antes de llegar a esa conclusión y los magistrados le han dado la razón. “Se ha justificado por el Ministerio fiscal que los concretos actos de corrupción en Venezuela objeto de las presentes actuaciones no han sido analizados por la resolución extranjera”, indica el escrito de la Sala de lo Penal, “de lo que infiere la relevancia de las diligencias interesadas”.
Esto quiere decir que los magistrados también entienden que lo que se investigó en el país que dirige actualmente Delcy Rodríguez no tiene relación con el mencionado préstamo que se concedió por PDVSA y, por tanto, sí hay margen para continuar con las pesquisas españolas. El germen de esta causa fue una petición de la Fiscalía de Zúrich (Suiza) el 10 de septiembre de 2024 para que España aportara información a un asunto que se llevaba allí sobre lavado de dinero relacionado con la petrolera venezolana y con la Oficina Nacional del Tesoro de aquel país.
Lo llamaban ‘Operación Bolívar’. Anticorrupción decidió iniciar una investigación que se centra en “la operación de saqueo del Estado venezolano” mediante “operativas de cambio de divisa” canalizadas a través del petróleo, como contó EL PAÍS.
La investigación se llevó en secreto desde junio hasta noviembre del pasado año e implicaba tanto a Betancourt como a su primo Pedro José de Jesús Benito Trebbau, al empresario venezolano Francisco Convit Guruceaga y a otras tres personas (Ana Graciela Convit, Graciela Guruceaga y Lilia-Cristina López). A los principales investigados se les vincula con los bolichicos, un grupo de empresarios de Venezuela que consiguió amasar una fortuna en el país al calor del chavismo entre 2009 y 2011.