El gobierno de José Antonio Kast desmanteló la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares, una instancia que operó bajo la Subsecretaría de Derechos Humanos durante la administración anterior. La decisión, revelada por BioBío Chile, fue calificada como "un retroceso tan importante y doloroso" por Jaime Gajardo, quien lideró el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo el gobierno de Gabriel Boric y fue uno de sus principales impulsores.
La unidad nació de un mandato legal aprobado por el Congreso. Su objetivo era, según Gajardo, "coordinar una respuesta estatal integral y coordinar con el Poder Judicial y el Servicio Médico Legal la creación de un banco de huellas genéticas que permita el reencuentro de miles de familias" afectadas por adopciones irregulares.
Una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados estableció en 2018, respaldada por investigaciones penales y trabajos académicos, que las adopciones forzadas o irregulares en Chile afectaron a más de 20 mil personas. Según esos antecedentes, las prácticas se remontan al menos a la década de 1950 y se intensificaron durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Para el exministro, el cierre contradice los compromisos adquiridos. "El Estado de Chile ha avanzado en reconocer su responsabilidad y adoptar medidas concretas para responder a las justas demandas de miles de familias que llevan exigiendo no solamente justicia, sino que también encuentro", afirmó.
"Lamentablemente, este gobierno ha decidido cerrar esa unidad y, una vez más, a pesar de decir que tienen un compromiso con las víctimas, les cierran las puertas y retroceden en avances que se han alcanzado con acuerdo y trabajo colaborativo de distintos gobiernos y poderes del Estado", concluyó el exministro. Con el desmantelamiento queda suspendida la construcción del banco de huellas genéticas que habría permitido identificar a familias separadas durante más de siete décadas.
