La Policía de Investigaciones (PDI) recibió el 6 de abril una alerta de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado y Homicidios (ECOH): un grupo de extranjeros había raptado a un ciudadano haitiano de 34 años en una botillería de Melipilla, en la Región Metropolitana. Los sujetos, luego identificados como venezolanos, lo subieron a un sedán y se dieron a la fuga.

Horas después, los secuestradores se contactaron con la familia de la víctima y exigieron $100 millones de pesos por su liberación. El hombre, comerciante con permanencia definitiva en Chile, fue rescatado herido pero con vida tras 36 horas de cautiverio. Los detectives lo ubicaron en un inmueble de la Región de Valparaíso y detuvieron a cuatro imputados venezolanos.

Este caso, sumado a otro secuestro registrado en 2026, consolidó una hipótesis que los investigadores venían construyendo: el perfilamiento de las víctimas está naciendo desde el comercio sexual. Según fuentes que conocen las causas, el Tren de Aragua despliega sujetos que actúan como agentes de "contrainteligencia", infiltrándose entre potenciales víctimas bajo la fachada de relaciones de confianza. En ese esquema, trabajadoras sexuales entregarían información clave sobre personas de recursos antes de que la organización ejecute los plagios.

La banda transnacional de origen venezolano habría extendido su control sobre el mercado del sexo comercial en la Región Metropolitana durante los últimos meses, convirtiendo esa red en un instrumento para recabar inteligencia operacional. Extorsiones dentro de ese entorno le permitirían además disciplinar a quienes participan de la cadena.

La investigación por el caso de Melipilla permanece activa bajo la conducción de la Fiscalía ECOH, con cuatro imputados formalizados. Los detectives trabajan para establecer los vínculos entre los detenidos, las redes de prostitución y la estructura de mando del Tren de Aragua en la Región Metropolitana.