Un niño de 12 años fue asesinado durante una encerrona en San Bernardo, y el crimen reunió esta semana a varios alcaldes de la Región Metropolitana. Los jefes comunales exigieron al Gobierno que acelere la tramitación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y plantearon que los menores que cometan delitos violentos deben cumplir penas en régimen cerrado, sin acceso a medidas alternativas.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, sostuvo que el crimen pudo haberse prevenido con un sistema judicial que no promueva la impunidad. Señaló que los menores están cometiendo delitos cada vez más violentos y que, pese a ser detenidos, juzgados y condenados, no cumplen penas privativas de libertad. "Esperamos que el proyecto avance en su tramitación y sea reforzado para que estos sucesos no ocurran y no tengamos que lamentar más muertes", declaró.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, calificó la situación como una "crónica de un desastre anunciado" y responsabilizó al Estado por el crimen. Pidió al Ejecutivo que declare urgencia legislativa al proyecto para evitar que "duerma en el Senado", y cuestionó que el Parlamento dedique días a discutir acusaciones constitucionales mientras se registran delitos de esta magnitud.

Jaime Bellolio, alcalde de Providencia, subrayó que la seguridad es una urgencia ciudadana que el Congreso debe asumir como propia. Carol Bown, jefa comunal de San Miguel, también se sumó al llamado y exigió respuestas tanto del Legislativo como del Ejecutivo.

Las propuestas apuntan en una dirección concreta: que cualquier menor que cometa un delito con violencia quede en régimen cerrado, sin opción a medidas en libertad. Sichel planteó además que deben existir criterios más estrictos en casos sucesivos. Bellolio propuso que los antecedentes penales por delitos violentos no sean eliminados al cumplir los 18 años, como permite la legislación vigente.

Christopher White, alcalde de San Bernardo, lleva dos años levantando esta misma demanda. El proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente se encuentra en tramitación en el Senado.