Al menos 23 personas murieron este jueves en Kiev tras un ataque ruso masivo con misiles y drones que volvió a poner en evidencia los límites críticos de la defensa aérea ucraniana frente a los proyectiles balísticos de Moscú. Según informó Cooperativa, el balance total de damnificados supera las ochenta personas, con impactos directos sobre bloques residenciales y establecimientos comerciales de la capital.
La Fuerza Aérea ucraniana detalló que Rusia lanzó 74 misiles y 496 drones en el operativo de madrugada. Las defensas lograron neutralizar 476 drones y 48 misiles, una tasa de intercepción que cae de forma drástica cuando se trata de proyectiles balísticos. De los 24 misiles Iskander-M disparados por Moscú, Ucrania solo logró derribar cuatro. Los Iskander-M son misiles balísticos de corto alcance fabricados en Rusia, diseñados para seguir trayectorias que los sistemas de defensa convencionales no pueden interceptar a tiempo.
La única tecnología con capacidad real de responder a ese tipo de proyectiles son los sistemas Patriot y sus misiles interceptores PAC-3, fabricados en Estados Unidos. Pero desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, Washington suspendió el envío gratuito de esos materiales a Ucrania. Ahora Kiev debe comprarlos con fondos que sus aliados europeos aportan a un fondo conjunto, y la escasez de estos sistemas en el mercado internacional complica el cuadro: la demanda global de tecnología Patriot se disparó tras el conflicto en Irán.
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, respondió al ataque con una nueva apelación urgente a Washington. Pidió que Estados Unidos autorice a Kiev fabricar sistemas Patriot y misiles PAC-3 en suelo ucraniano o europeo, para reducir la dependencia de los suministros externos. El mandatario también reveló que avanza en conversaciones con Alemania y otros socios europeos para desarrollar tecnología antimisiles balísticos de producción propia en el continente. "Los suministros de defensas antiaéreas son una prioridad crítica", advirtió.
El ataque de este jueves ocurre en un momento diplomático particular. Hace pocos días, Rusia y Ucrania canjearon 350 prisioneros de guerra, 175 por cada bando, con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos, en un gesto que parecía abrir una ventana de distensión. Pero los bombardeos sobre centros urbanos no se han detenido. Polonia, aliado clave de Ucrania dentro de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, formalizó esta semana su salida de la Convención de Ottawa, tratado internacional que prohíbe el uso de minas antipersona, argumentando amenazas directas en su frontera oriental.
Para Chile y América Latina, la prolongación del conflicto tiene efectos económicos concretos. Ucrania y Rusia concentran una parte importante de las exportaciones mundiales de cereales y fertilizantes, y cada escalada de ataques sobre la infraestructura ucraniana presiona al alza los precios de esos insumos en los mercados globales, afectando los costos de producción agrícola en la región.
Tanto Kiev como Moscú difundieron versiones opuestas sobre los objetivos alcanzados en el bombardeo. El Gobierno ucraniano publicó imágenes de bloques de departamentos y locales comerciales destruidos; Moscú sostuvo haber golpeado infraestructura militar. Zelenski recordó a sus socios europeos la importancia de mantener sus aportes al fondo de compra de misiles PAC-3, cuya reposición continua es indispensable ante la incapacidad ucraniana de frenar los balísticos rusos.
