Un nuevo capítulo judicial se abrió en relación al ex secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), Marcelo Balcedo, condenado en Uruguay por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, envió un exhorto “urgente” a la Justicia de Uruguay para frenar el remate de una lujosa propiedad del ex dirigente en el marco de una causa que instruye desde hace ocho años por presunta asociación ilícita, blanqueo de dinero, lavado de activos y desvío de fondos del SOEME para beneficio personal.

Kreplak reclama desde 2018 el embargo de esa y otras propiedades de Balcedo y su esposa Paola Feige, pero no fue atendido. El magistrado argentino también solicitó en varias ocasiones la extradición del sindicalista, pero la medida continúa pendiente.

El reclamo “urgente” del juez argentino apunta específicamente a suspender de inmediato la subasta prevista para el 8 de mayo sobre el inmueble conocido como “El Gran Chaparral”, ubicado en Maldonado, donde residen los imputados. El magistrado hizo lugar a un dictamen de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, María Laura Roteta, y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco, quienes advirtieron que la subasta de la mansión “desconoce” medidas cautelares vigentes solicitadas por la Argentina y alertaron sobre la necesidad de preservar esos activos.

Según el exhorto de Kreplak, el objetivo es “resguardar bienes que la Argentina reclama desde el inicio del expediente, en el contexto de un proceso de extradición pendiente desde 2018 y de reiterados pedidos internacionales para asegurar su restitución”. En paralelo, Kreplak también pidió al juzgado que interviene en la extradición de Marcelo Balcedo y su pareja que adopte medidas para mantener el estado actual de los bienes ya cautelados, reforzando así las garantías de recuperación patrimonial comprometidas en acuerdos internacionales.

A pesar de los antecedentes y los reclamos formulados por el magistrado federal de La Plata desde 2018 a sus pares uruguayos, la justicia de ese país no le comunicó que tenía previsto subastar “El Gran Chaparral” en el marco de un juicio laboral promovido por 13 trabajadores. La información le llegó por la nota que publicó este medio.