El Congreso aprobó una reforma estructural al sistema de pensiones tras dos años de tramitación legislativa. El cambio busca responder a más de una década de debates sobre la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del modelo actual.

La novedad central son los fondos generacionales, que reemplazarán a los multifondos A, B, C, D y E. Bajo el nuevo esquema, los afiliados serán asignados automáticamente a carteras según su edad y horizonte de jubilación. El foco se desplaza desde el saldo acumulado a la pensión proyectada, y la elección individual del nivel de riesgo se reduce.

El éxito del cambio dependerá de la regulación y la supervisión. Una transición errática desde los multifondos puede generar pérdidas patrimoniales para los afiliados, tensiones de liquidez y distorsiones en los mercados financieros. También habrá tensión sobre el diseño de incentivos: si las exigencias son muy rígidas, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrían limitar la gestión activa y replicar benchmarks; si son muy laxas, se pierde disciplina que podría elevar retornos de largo plazo.

La comunicación es otro punto crítico. Los afiliados deben entender la pensión proyectada, la probabilidad de insuficiencia y los riesgos que afectan sus ingresos futuros. Informar solo sobre saldos o rentabilidades no explica si la nueva trayectoria mejora o empeora la jubilación real.

Quién gana y quién pierde es claro en términos generales. Los trabajadores jóvenes se benefician del enfoque en el horizonte y la pensión proyectada, porque pueden asumir mayor riesgo. Los que están cerca de jubilar pierden margen de elección y dependerán de una transición sin fricciones. Las AFP enfrentan incentivos cambiantes y riesgo reputacional si la implementación falla.

La ley fue aprobada en 2025 y ahora el siguiente paso es definir la regulación y los plazos operativos. Corresponde que la Superintendencia de Pensiones y el Ejecutivo establezcan las normas de transición y las reglas de supervisión; hasta ahora no se ha informado una fecha oficial para su puesta en marcha.