La Contraloría General de la República ordenó reabrir un sumario administrativo vinculado a las pensiones de gracia entregadas durante el estallido social de octubre de 2019, luego de concluir que el proceso fue sobreseído con deficiencias bajo la administración de Gabriel Boric. La resolución del órgano contralor, encargado de fiscalizar la legalidad de los actos del Estado, activó una respuesta más amplia del Ejecutivo actual.
El gobierno de José Antonio Kast decidió ir más lejos que lo solicitado por Contraloría. Revisará la totalidad de los beneficios vigentes, no solo los nueve casos con problemas documentales identificados por el organismo fiscalizador. De las 418 pensiones otorgadas durante el 18-O, hoy quedan 348 activas. El resto se extinguió por fallecimientos o revocaciones.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, distinguió dos procesos con objetivos distintos. El sumario contralor apunta a sancionar a funcionarios que entregaron pensiones sin cumplir los requisitos: personas sin antecedentes médicos o con documentación incompleta. La revisión del Ejecutivo busca, en cambio, determinar quiénes merecen efectivamente esa gracia presidencial.
"Lo que nos interesa desde el minuto uno es que los recursos de los chilenos se utilicen bien. Y nosotros creemos que acá hay muchas pensiones de gracia que no se justifican", afirmó Pavez desde La Moneda.
La revisión también responde a presiones del bloque oficialista. Parlamentarios del gobierno y una resolución de la Cámara de Diputados solicitaron examinar quiénes recibieron estos beneficios. El subsecretario confirmó que el equipo encargado trabaja en ello y que los resultados se darán a conocer públicamente cuando el proceso concluya.
