Un grupo de 52 economistas y académicos publicó una declaración respaldando al exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y rechazando la Acusación Constitucional (AC) impulsada por diputados opositores. Argumentan que sancionar a un ministro por proyecciones técnicas debilita la institucionalidad fiscal y la credibilidad democrática de Chile.
Argumentos y Firmantes Los expertos y expertas indicaron que "las diferencias entre proyecciones bajo distintos supuestos son habituales en todos los países, y forman parte del debate legítimo propio de la disciplina económica", además aseguran que la AC "carece de argumentos" y "podría generar efectos perjudiciales para la calidad de nuestras instituciones democráticas y para el orden fiscal". De acuerdo a la misiva, las acusaciones constitucionales en los últimos años ha sido usada para "abordar diferencias de criterio político o técnico, debilitando la legitimidad de un importante mecanismo de control democrático".
Respecto a las causantes por las cuales ha sido acusado Grau, respecto al cálculo de la deuda pública, las personas destacaron que "las diferencias entre proyecciones bajo distintos supuestos son habituales en todos los países, y forman parte del debate legítimo propio de la disciplina económica". Incluso, aseguraron que un mismo objetivo puede tener resultados diferentes, sin que ello implique una "infracción constitucional".
"Tales discrepancias pueden y deben ser objeto de evaluación y escrutinio público, pero que los resultados observados se desvíen de lo proyectado no constituye, por sí mismo, una infracción constitucional. De la misma forma, como explicó el actual director de DIPRES, existiendo ambigüedades en la metodología para proyectar deuda, es posible que dos proyecciones distintas, realizadas correctamente, lleguen a resultados diferentes".
Además, los firmantes reconocieron "la trayectoria académica de Nicolás Grau y su compromiso con el servicio público". "Hacemos un llamado a los representantes políticos de todos los sectores a actuar con responsabilidad, resguardando la credibilidad de los mecanismos de control democrático y el adecuado funcionamiento de nuestras instituciones", sentenciaron.