La bancada del Partido de la Gente (PDG) en la Cámara de Diputadas y Diputados anunció que presentará una Comisión Especial Investigadora (CEI) para auditar el sistema de concesiones de carreteras en Chile. La decisión llega después de que la unidad de investigación de Bío Bío Chile (BBCL) publicara un reportaje que muestra cómo el Estado chileno recauda cerca de $2,7 billones de pesos a través de mecanismos que la mayoría de los automovilistas desconoce.

Esos mecanismos están escritos en los contratos de las llamadas "segundas concesiones" y funcionan de tres formas principales: compartición de ingresos entre la empresa concesionaria y el Fisco, pagos por infraestructura que el Estado ya había construido antes de licitar, y cobros asociados a derechos sobre las rutas. Traducido al lenguaje cotidiano: una parte de lo que pagas en el peaje no va a mantener ni mejorar la carretera, sino directo al presupuesto fiscal.

Lo que agrava el cuestionamiento es que el sistema de concesiones fue presentado en los años noventa con una promesa explícita: los peajes bajarían una vez que las inversiones iniciales quedaran pagadas. El reportaje de BBCL muestra que eso no ocurrió. En varios contratos, los valores se mantienen elevados incluso cuando las obras originales ya fueron financiadas, y parte de ese excedente termina en las arcas del Estado.

La CEI que impulsa el PDG buscaría revisar cómo se planifican, adjudican y fiscalizan las carreteras concesionadas, y examinar el rol del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Dirección General de Concesiones y la Dirección de Vialidad. Desde la bancada reconocen que el sistema fue determinante para construir la red vial moderna del país, pero apuntan a problemas acumulados con el tiempo: rutas en mal estado, calidad deficiente del servicio y condiciones de seguridad cuestionadas.

A eso se suma la polémica por las multas del sistema TAG, el mecanismo de cobro electrónico automático en autopistas. El PDG recoge en su propuesta las demandas del movimiento No+TAG y de gremios del transporte de carga, que llevan meses denunciando que las sanciones son desproporcionadas y los sistemas de cobro, poco transparentes.

Entre los temas que abordaría la comisión también figura la modernización de la vigilancia en carreteras, con cámaras de alta resolución capaces de leer patentes en lluvia, niebla o ante intentos de adulterar las placas. Y aunque el anuncio del PDG quedó incompleto en ese punto, la bancada también planea revisar el mecanismo de relicitación, es decir, cómo se renuevan los contratos cuando vencen los plazos originales, un proceso que hasta ahora ha tenido poca fiscalización pública.