La vitivinicultura argentina enfrenta una caída sostenida del consumo y de las ventas, según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Ante ese panorama, el sector plantea un plan de acción y reclama la aprobación de una "ley clave", aunque en las comunicaciones públicas no se detalló el texto ni las medidas concretas que incluye ese pedido.
Las cifras oficiales reconstruyen la magnitud del problema. En 2025 el consumo per cápita fue de 15,7 litros, una baja de 3,68% respecto de 2024, y lejos de los 29,2 litros registrados en 2005. Las ventas acumuladas de enero a diciembre registraron una caída de 2,7% frente a 2024. Dentro de ese universo, el vino embotellado se mantuvo prácticamente estable, con una caída de apenas 0,1%. En cambio, el formato en tetrabrik retrocedió 6,2%, y ese formato explica cerca de un tercio del mercado local.
El diagnóstico muestra además un deterioro en el comercio exterior. Las exportaciones de vino cayeron 6,8% en 2025. Por formatos, las ventas al exterior de vino fraccionado bajaron 4,6%, mientras que el vino a granel sufrió una caída más pronunciada, 13,6%. La excepción fue el mosto concentrado, que recuperó 3,5% en valor exportado. En términos monetarios, el sector despachó vinos por USD 661 millones en 2025, el menor monto desde 2009 según el INV.
Los datos de largo plazo confirman que no se trata solo de una fluctuación coyuntural. En 2024 había 199.946 hectáreas de vid y 22.039 viñedos, cuando una década antes la superficie era de 226.388 hectáreas y existían 25.482 viñedos. Esa contracción de superficie y productores acompaña la caída de consumo y exportaciones.
Frente a ese escenario, la industria argumenta la necesidad de una ley que permita recuperar competitividad y dinamizar la demanda. El informe original no precisa el contenido legislativo ni qué facultades solicita al Estado, por lo que resta conocer si el pedido apunta a incentivos fiscales, apoyo a exportaciones, regulación de formatos, o a otras herramientas.
Contexto político y económico. En el mismo horizonte institucional, el Congreso argentino aprobó reformas laborales recientemente, como han informado otros despachos, y el Gobierno presentó una agenda de cambios económicos. Ese marco macro y regulatorio es relevante para la vitivinicultura, pero por ahora no hay evidencia pública que vincule de forma directa la caída del consumo con una política específica.
Qué puede significar para Chile. La contracción de las exportaciones argentinas, sobre todo del vino a granel, puede abrir espacios en ciertos mercados internacionales de menor precio, donde Chile compite con vinos fraccionados y a granel. Para exportadores chilenos podría representar una oportunidad comercial en segmentos de volúmen, siempre que los compradores internacionales busquen sustitutos. Para consumidores chilenos el impacto directo en precios locales será limitado y dependerá de los canales de importación y la estructura de costos, pero a nivel regional la menor oferta argentina puede alterar la dinámica en mercados latinoamericanos y de terceros países.
Estado actual. El INV entrega el diagnóstico estadístico, y el sector privado reclama una ley y medidas de apoyo. No obstante, falta la especificación pública de la propuesta legislativa y los compromisos del Estado argentino. En las próximas semanas será clave que gremios, cámaras y autoridades concreten los detalles del plan, para evaluar su alcance y posibles efectos en la oferta regional, incluida la competencia con exportadores chilenos.