La resolución, dictada por la magistrada María Silva Pacheco, va más allá de la simple declaración de quiebra: ordena la incautación de todos los bienes de la compañía, libros y documentos incluidos, y autoriza a Carabineros para allanar instalaciones, bastando con exhibir el fallo para llevar a cabo la diligencia. El empresario Pedro Pablo Larraín, quien representa a Asesorías e Inversiones Sartor S.A., enfrenta así el momento más duro de la crisis que sacude al grupo financiero.
La demanda que gatilló la liquidación proviene de BCI Corredor de Bolsa, que el 10 de enero solicitó la quiebra por el no pago de $5.724 millones. La empresa intentó resistir: el 4 de febrero presentó un escrito de 52 páginas firmado por nueve abogados de los estudios Albagli Zaliasnik y Castañeda & Pino, donde calificó la petición como "improcedente, oportunista y abusiva". El tribunal no lo estimó así.
El fallo llega en el peor momento posible para el Grupo Sartor. En diciembre de 2024, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el regulador del mercado bursátil chileno, revocó la autorización de operación de su Administradora General de Fondos (AGF), la entidad del grupo encargada de gestionar fondos de inversión. La CMF detectó graves irregularidades en el modelo de negocio y conflictos de interés que vulneraron la normativa financiera y perjudicaron a los aportantes, los inversionistas que confiaron su dinero a los fondos del grupo.
Con la quiebra declarada, el tribunal designó a Eduardo Godoy Hales como liquidador titular, el responsable de administrar y liquidar los activos para pagar a los acreedores. Como suplente quedó Francisco Javier Gamé Hardessen. En su propio escrito de oposición, Sartor reconoció tres acreedores principales, con BCI Corredor de Bolsa a la cabeza: la propia empresa cifró esa deuda en $5.694 millones.
