El grave riesgo de validar las tomas en los colegios En el debate legislativo sobre “Escuelas Protegidas”, así como en las movilizaciones que se han visto estos días, ha vuelto a resurgir la noción de que las tomas de colegios son legítimas, lo que desnaturaliza por completo los derechos que tienen los estudiantes. En estos últimos días se han reactivado con fuerza las protestas y movilizaciones de escolares, tal como ocurrió con el “mochilazo” del día miércoles, o las tomas de que fueron objeto algunos liceos, o los desmanes que “overoles blancos” protagonizaron en el Instituto Nacional.
Hubo amplios llamados para que las diversas federaciones de estudiantes tomaran parte de la marcha del 1 de mayo, y para el 14 de este mes la ACES ya convocó a un paro nacional. Las razones para estas protestas se repiten: reivindicar un nuevo sistema educacional, gratuidad universal, alimentación escolar y salud mental, pero también manifestar el rechazo a las políticas de recorte que impulsa el gobierno -y la consecuente pérdida de derechos sociales-, así como al enfoque punitivo que a juicio de estos movimientos subyace al proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, que acaba de ser aprobado por la Cámara de Diputados y ahora se apronta a ser conocido por el Senado.
No solo los gremios estudiantiles han manifestado reparos a “Escuelas Protegidas”, sino que también varios diputados de oposición formularon reserva de constitucionalidad sobre algunos artículos. Uno de ellos es el que dice relación con que se “se entenderá, asimismo, que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por estudiantes destinados a impedir la normal realización de las clases o que tengan como consecuencia directa la interrupción total o parcial de las clases o la suspensión de actividades académicas, afectando la continuidad del servicio educativo”.
La norma comprende dentro de esta categoría todas las amenazas realizadas por algún miembro de la comunidad educativa, por cualquier medio, que tengan como consecuencia la interrupción total o parcial de clases o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada. Durante el debate legislativo, varios parlamentarios de izquierda solicitaron al Ejecutivo introducir fórmulas que permitieran resguardar el “derecho a movilización de los estudiantes”, haciendo ver que si de por medio hay una votación democrática que la apruebe entonces es complejo que ello se considere una falta grave.
También hubo consultas en el sentido de que si una paralización votada democráticamente por un centro de estudiantes es causal para invocar Aula Segura. Es fácil advertir tanto en las movilizaciones de estos días así como en parlamentarios de izquierda la voluntad de reivindicar el supuesto derecho que tienen los escolares para mediante asambleas votar tomas y paralizar las clases.