Hay niños en Chile que hoy entran a la escuela con miedo. Miedo al hostigamiento silencioso del curso, al grupo de WhatsApp que humilla, al golpe en el recreo, a la burla convertida en espectáculo digital.
Pero también hay profesores que comenzaron a entrar con miedo. Miedo a la agresión verbal, a la denuncia, al desgaste emocional de sostener comunidades fracturadas mientras el sistema les sigue exigiendo resultados SIMCE como si enseñar fuera posible en medio del agotamiento y la violencia.
La escuela chilena llevaba años enviando señales de auxilio, pero las escuchamos tarde. La entrada en vigencia de la Ley N.º 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas representa una de las señales más importantes que ha dado el sistema educativo chileno en décadas.
No porque una ley vaya a resolver por sí sola la violencia escolar, sino porque instala algo que durante años se evitó reconocer: no puede existir calidad educativa sin bienestar emocional, protección y convivencia democrática (UNESCO, 2024). Durante demasiado tiempo discutimos puntajes, cobertura curricular y rendimiento académico mientras la convivencia se deterioraba lentamente dentro de las salas de clases.
Y quizás ese es el cambio más profundo de esta nueva normativa: comprender que la violencia escolar no es solamente un problema disciplinario, sino una crisis de salud emocional, tejido social y convivencia humana. La ley incorpora elementos que hasta ahora parecían secundarios dentro de muchas escuelas: equipos de convivencia educativa con dedicación específica, estrategias de gestión colaborativa de conflictos, canales seguros de denuncia, apoyo psicosocial y medidas de reparación para las víctimas (Mineduc, 2026).