Secreto bancario: el artículo del proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica que complica al gobierno El oficialismo siempre se ha opuesto a que el levantamiento se haga por vía administrativa, por lo que no le ha puesto urgencia a la iniciativa pese a presión opositora para ello. Noticias destacadas A raíz del allanamiento que el martes pasado realizó la PDI a las oficinas de una sucursal de Banco Santander en el centro de Santiago, en el marco de un operativo para desbaratar un brazo extorsivo del Tren de Aragua que involucra a un ejecutivo de la institución financiera, la oposición reactivó sus alarmas en torno a la importancia de avanzar en el alzamiento del secreto bancario.

Y la actitud opositora generó una pronta e inesperada respuesta del Ejecutivo, que a través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que alista un proyecto o una indicación que aborda el secreto bancario. Tal como expresó la senadora Beatriz Sánchez (FA), aunque es poco usual que se produzca una sinergia tan clara entre el Congreso Nacional y la realidad que desde sus dependencias se pretende regular, esta vez sí ocurrió, ya que para el mismo día del allanamiento estaba en la tabla de la Sala del Senado –aunque finalmente no se alcanzó a revisar y se retomó al día siguiente- el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado.

Ingresado por la administración Boric el 31 de mayo de 2023, ya cumplió tres años de tramitación sin urgencia, se encuentra de vuelta en la Cámara Alta en su tercer trámite y establece medidas para la prevención y alerta de actividades que pudieran estar relacionadas con el crimen organizado. Su necesidad quedó en evidencia y alertó a las instituciones regulatorias en estas áreas más que nunca, desde el punto de vista opositor, cuando los chilenos pudieron ver en sus pantallas, cómo operativos de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur allanaban una sucursal del Banco Santander en el centro de Santiago.

Pese a que el gobierno del Presidente José Antonio Kast le ha dado a este tema especial relevancia, en el contexto de la seguridad pública, nunca le ha puesto urgencia a la iniciativa que se tramita en el Congreso. Choque de fuerzas Entonces, el principal nudo que ha impedido un avance fluido del proyecto es el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa que contiene en su articulado.

Algo a lo que el oficialismo se ha negado de plano desde siempre, por estimar que constituye un atropello a la “privacidad” de las personas. “Excepcionalmente la Unidad podrá requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria, de forma directa y sin previa autorización judicial, y ésta estará obligada a proporcionarla, siempre que la información sea necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas que se refieran a personas jurídicas, a funcionarios públicos, o que hayan sido reportadas por un banco, que se vinculen con los delitos de su competencia, de acuerdo al inciso primero del artículo 1°”, señala concretamente el artículo que genera mayor preocupación entre los partidos de gobierno.