La reciente suspensión de exportaciones avícolas en Argentina, la emergencia sanitaria decretada en Uruguay y la máxima alerta en Paraguay por brotes de influenza aviar altamente patógena (IAAP) evidencian una realidad conocida en producción animal: las enfermedades no reconocen fronteras y sus efectos trascienden lo sanitario. En Chile, la avicultura es estratégica para la seguridad alimentaria.
El país produce del orden de 700 mil toneladas anuales de carne de ave y más de 360 millones de huevos mensualmente para consumo, constituyéndose en una de las principales fuentes de proteína animal para la población. Además, genera miles de empleos directos e indirectos y aporta estabilidad a numerosas economías regionales.
Durante el brote de influenza aviar H5N1 ocurrida entre 2022 y 2023, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) debió implementar estrictas medidas de control, incluyendo sacrificio sanitario y restricciones comerciales. Según un informe de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), las pérdidas por este evento superaron los 84 mil millones de pesos, afectando producción, empleo y exportaciones.
La rápida respuesta permitió recuperar el estatus sanitario, pero el episodio dejó una lección clara: la prevención es menos costosa que la contención. Actualmente, Chile se mantiene libre de influenza aviar, con un programa permanente de monitoreo a nivel nacional.
Desde el punto de vista científico, la dinámica del virus asociada a aves migratorias y su capacidad de adaptarse a distintas especies, obliga a mantener sistemas de vigilancia epidemiológica permanentes. La bioseguridad no puede ser reactiva ni depender del contexto internacional, debe ser una cultura productiva constante, tanto en planteles industriales como en la crianza a pequeña escala de aves, sin fines industriales.