Dinero incautado por contrabando a una ciudadana boliviana desapareció de la caja fuerte de la subcomisaría de Carabineros en Colchane, región de Tarapacá. El monto robado supera los 37.000 dólares en efectivo y 800 bolivianos, equivalente a cerca de 34 millones de pesos. El episodio generó reacciones inmediatas desde el Congreso, con parlamentarios de la zona exigiendo una investigación sin concesiones y sanciones ejemplares.

El diputado por Tarapacá Carlos Carvajal calificó lo ocurrido como "gravísimo y poco común". Según declaró a ADN Radio, la institución debe aclarar quiénes tenían acceso a la caja fuerte, revisar protocolos y establecer responsabilidades administrativas claras. "Situaciones como esta dañan profundamente la confianza en las instituciones", sostuvo, y recordó que en una zona donde se exige mayor presencia del Estado, "el Estado no puede fallar dentro de sus propias dependencias".

La diputada Ximena Naranjo, representante del Distrito 2 que incluye a Colchane, introdujo otra arista al debate. Para Naranjo, el caso también expone las condiciones precarias en que el personal policial trabaja en la frontera: sin infraestructura suficiente, con tecnología obsoleta y recursos escasos. "Hace mucho tiempo venimos advirtiendo que Colchane necesita más infraestructura, mejor tecnología y mayores recursos para Carabineros", declaró. Subrayó que exigir probidad no puede ir separado de entregar a la policía las herramientas necesarias para cumplir su trabajo.

El senador Renzo Trisotti, representante por Tarapacá, fue el más categórico en sus demandas. Para Trisotti, el hecho de que el robo haya ocurrido al interior de una unidad policial lo convierte en un episodio "más cuestionable". Exigió una investigación "rápida, rigurosa y efectiva" que permita establecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar las máximas sanciones.

El robo ocurre días antes de que el ministro de Seguridad Pública, Luis Arrau, anuncie una segunda fuerza de tarea para reforzar el control fronterizo en Colchane, medida prevista para esta semana. La investigación penal corre a cargo de la Fiscalía, mientras los parlamentarios insisten en que las responsabilidades internas de Carabineros también deben ser esclarecidas.