¿Peligra fiesta de La Tirana? Nueva exigencia de boletas de garantía enciende la polémica A fines de noviembre comenzó a regir una nueva normativa que obliga a la contratación de seguros o la entrega de cauciones para eventos de más de 3 mil personas.
Noticias destacadas Falta menos de un mes para que, el 10 de julio, comience la fiesta de La Tirana, una de las mayores celebraciones del norte de Chile, que cada año reúne a miles de personas en torno a bailes, ceremonias religiosas y festejos que se extienden por 10 días. La cita es vital no solo para la identidad cultural de la Región de Tarapacá, sino también para la industria local, con un gasto estimado en torno a $ 30 mil millones en transporte, alojamiento y consumo.
Sin embargo, mientras las cofradías de baile terminaban de ensayar sus pasos y daban los últimos toques a sus trajes, y las autoridades religiosas y civiles afinaban los últimos detalles de la organización, la polémica estalló la semana pasada. Nueva Ley de Seguridad Y es que el 28 de noviembre de 2025 comenzó a regir la Ley de Seguridad de Eventos Masivos y de Seguridad Privada (Ley N° 21.659), que establece una serie de exigencias para los eventos que reúnan a más de 3 mil personas.
Debido a las dificultades para su implementación, la entrada en vigencia de algunos aspectos de la normativa fueron aplazados hasta mayo de 2027, como la necesidad de certificación y renovación de permisos para los guardias de seguridad y la obligación de los organizadores de presentar estudios detallados sobre sus planes de seguridad. Sin embargo, un aspecto que no se prorrogó fue la implementación del Decreto 208, que exige la contratación de seguros de responsabilidad civil o la presentación de cauciones económicas (boletas de garantía) para cubrir riesgo ante daños a terceros.
El monto específico de las boletas de garantía no está predeterminado, y se calcula en base a criterios como vulnerabilidad de la infraestructura, el espacio y cantidad de asistentes. En el caso de La Tirana, se estima que la asistencia superaría las 250 mil personas consideradas en el tramo máximo de cobro.