Han pasado ya ocho meses desde que se levantó el secreto a la investigación judicial del llamado caso Montoro, que investiga las presuntas reformas legislativas realizadas desde el Ministerio de Hacienda para que empresas gasísticas recibieran beneficios fiscales a cambio de pagos millonarios al despacho de abogados de Cristóbal Montoro, Equipo Económico. Ocho meses en los que la instrucción se ha mantenido en una especie de pausa, que, parece, ya se empieza a romper.
En una providencia firmada el 21 de abril de 2026, a la que ha tenido acceso Infobae, el juez instructor del juzgado número 2 de Tarragona llama a declarar a los primeros ocho imputados de los 28 que hay en esta causa, entre los que no se encuentra ni el propio exministro Montoro, ni ninguno de los cargos del Ministerio de Hacienda investigados. PUBLICIDAD Se trata de parte de los empresarios que habrían realizado pagos a Equipo Económico a cambio de los beneficios fiscales que se investigan y que tendrán que pasar por el juzgado entre el 30 de abril y el 12 de mayo.
El primer grupo en comparecer está compuesto por los directivos Rubén Folgado Girón y Karl Andrea Hauck, vinculados a la empresa Messer Ibérica, que están citados el 30 de abril. Les seguirá el 8 de mayo un bloque formado por Patrick Emmanuel Marcel Jozon, Teresa Rasero Guerrero y Jorge Pedrazuela Prieto.
Finalmente, el 12 de mayo declararán Eduardo Gil Elejoste, Carlos Romero Moreno y Jacobina Escámez Esteve, todos ellos relacionados con compañías del sector de gases industriales y energía. PUBLICIDAD Las cuentas bancarias de Montoro En paralelo, el juez instructor ha presentado una nueva diligencia en la que se solicita a diferentes entidades bancarias los movimientos de todas las cuentas del exministro y de su entorno cercano durante los últimos 20 años.
Entre las entidades bancarias requeridas para facilitar esa información están el Banco Santander, el Banco Sabadell, CaixaBank, BBVA, Unicaja, Ibercaja, ING Bank y Deutsche Bank. En concreto, el juez pide los movimientos de todas las cuentas bancarias activas o no; los ficheros informáticos en los que consten los fondos recibidos o enviados con origen o destino al extranjero; una relación de cheques y efectos emitidos, recibidos, cobrados o pagados con todo grado de detalle; y las tarjetas asociadas, así como cualquier documentación relativa a planes y fondos de pensiones, cajas de seguridad y préstamos concedidos.