Los funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) en La Araucanía que no fueron desvinculados en la última ola de despidos lanzaron una nueva alerta: la institución quedó sin recursos para operar.
El Ministerio de Desarrollo Social calificó las desvinculaciones como parte de un "rediseño institucional". Paulina Fernández, seremi (secretaria regional ministerial) de esa cartera en La Araucanía, salió a defender el proceso y aseguró que los cambios fueron informados con anticipación a las asociaciones de funcionarios. Según Fernández, se trata de una reorganización para modernizar la institucionalidad. También descartó que las medidas tengan relación con el recorte del 3% que el Ministerio de Hacienda aplicó de manera transversal a todas las carteras.
El argumento central del gobierno para justificar la reestructuración revela la magnitud del problema: del presupuesto total de 8 mil millones de pesos que maneja el Injuv, el 75% se destinaba al pago de sueldos, un 15% a gastos operacionales y apenas el 10% llegaba directamente a programas para jóvenes. De cada mil pesos presupuestados, solo cien alcanzaban a quienes la institución existe para servir.
Para Fernández, el objetivo del rediseño es precisamente que esos recursos lleguen de manera efectiva a los jóvenes de la región. Pero la denuncia de quienes permanecen en el Injuv apunta a una contradicción concreta: después de los despidos, tampoco hay dinero destinado a programas.
La Araucanía es una de las regiones con mayores índices de pobreza del país, y el Injuv local operaba programas de empleo, capacitación y participación juvenil. La parálisis presupuestaria que denuncian los funcionarios amenaza con dejar sin cobertura esos programas en una zona donde la oferta pública tiene escasa competencia.
