La Municipalidad de Viña del Mar y la Corporación Municipal Viña del Mar (CMVM), que administra salud y educación municipal, han rechazado sistemáticamente entregar documentos sobre la rebaja de sueldos aplicada en julio de 2025, según denuncian los abogados que representan a más de 450 funcionarios. Esa negativa motivó ocho reclamos ante el Consejo para la Transparencia, conocido por sus siglas CPLT, que son recursos para exigir acceso a información pública.

En lo judicial, la Corte de Apelaciones de Valparaíso falló de forma unánime, 3-0, a favor de los trabajadores, calificando la rebaja de remuneraciones como contraria a la justicia y la razón. El municipio apeló esa resolución ante la Corte Suprema, donde el caso podría definirse en las próximas semanas, sin fecha aún.

Los defensores cuentan que, al pedir actas y acuerdos históricos para probar la existencia de una escala salarial vigente desde 1996, recibieron información incompleta. Faltan actas clave de julio de 2025, cuando se hizo la rebaja, y de los años 1995 y 1996. La CMVM dijo primero que algunos acuerdos salariales entre 1995 y 2012 habían sido destruidos, citando la Resolución 255/25, luego afirmó que fue un error, pero sigue sin entregar los documentos reclamados. Entre lo pedido están el Acta 220 y el Acuerdo 1745, que los abogados dicen que probarían la continuidad de la escala de sueldos.

Si la Corte Suprema confirma la decisión de la Corte de Apelaciones, el municipio podría enfrentar pagos retroactivos e indemnizaciones para los más de 450 trabajadores afectados. Eso genera riesgo fiscal para la municipalidad, porque los recursos que se destinen a cubrir reclamos pueden reducir fondos para programas y servicios de atención primaria. En la práctica, si atiendes en un consultorio municipal, la presión presupuestaria se traduce en menos horas, demoras en contrataciones o recortes de actividades no esenciales.

Además, la falta de entrega de antecedentes erosionó la confianza de los funcionarios y alimentó la tesis de los abogados sobre una "estrategia coordinada de opacidad". Para la comunidad, la transparencia es clave para entender por qué cambió la escala de sueldos y quién tomó las decisiones.

Perspectiva Los próximos hitos a seguir son la resolución de la Corte Suprema y la tramitación de los ocho reclamos en el CPLT. Si el Consejo para la Transparencia obliga a entregar los registros, eso puede acelerar pruebas en la causa judicial y clarificar responsabilidades administrativas. Si el CPLT confirma inexistencia de documentos, quedará la pregunta sobre controles internos y archivos municipales.

En resumen, el conflicto no es solo legal, también es fiscal y organizacional para Viña del Mar. La forma en que se resuelva definirá si el municipio asume costos inmediatos, o si la disputa por la documentación mantiene a la atención primaria bajo presión por más tiempo.