La Contraloría General de la República (CGR) dio cuenta de que el decreto N°15 de 2025 del Ministerio de Vivienda, que autoriza la puesta en marcha la ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, no deja claro que ese sea el plan del Gobierno. De acuerdo con una nota publicada este jueves, la institución representó -es decir, devolvió sin tramitar- ayer miércoles el mentado decreto, que modifica el Plan Regulador Comunal de Santiago y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago para aprobar las obras del penal.

En un oficio remitido a los ministerios de Vivienda y Justicia, la Gobernación Metropolitana y la Municipalidad de Santiago, el ente contralor apunta que "no fue posible determinar si la ampliación del Centro de Detención se proyecta sobre el mismo predio en que está emplazado, o en un terreno distinto". El documento enfatiza que tal información "es relevante para establecer si la iniciativa corresponde a una ampliación del recinto o la construcción de uno nuevo, lo que debería ser sometido a otras exigencias de la Ley N°21.636".

Este primer diagnóstico del ente contralor coincide con lo advertido por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes: "Ni siquiera son roles similares en el Servicio de Impuestos Internos (SII), son terrenos completamente distintos. Entonces, no es que vaya a extender la actual: va a ser una cárcel nueva un par de cuadras hacia el poniente", aseveró en Cooperativa.

Por otra parte, la CGR observó que "no se advierten las razones para aumentar los coeficientes de constructibilidad actualmente vigentes en el sector, relativos a los usos de suelo que no están vinculados con el proyecto". "Finalmente, el oficio consignó que para el trámite de toma de razón no se adjuntaron inscripciones de los terrenos ubicados en la manzana que pretende modificar el referido decreto N° 15, dificultando el estudio de la situación de esos inmuebles y la verificación de la legalidad de la iniciativa", cierra la nota de la institución.

El alcalde Desbordes, que se opone al proyecto desde su concepción durante la Administración Boric, logró frenarlo momentáneamente por la vía judicial esta semana, generando críticas del actual Gobierno de Kast, que apelará este primer fallo.