Un nuevo informe del Gobierno revela que más de 1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones privadas no tienen rendición de cuentas acreditada. El dato proviene del tercer reporte del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, organismo impulsado por la administración actual para revisar el uso de recursos públicos canalizados a entidades privadas.
Ramiro Mendoza, excontralor general de la República, fue tajante: el Gobierno no tiene opciones. Debe denunciar ante la Contraloría General de la República, exigir auditorías internas y, si aparecen indicios de delito, llevar los antecedentes a los tribunales de justicia.
"El Gobierno en esto no tiene más camino que denunciar a la Contraloría y exigir que se hagan auditorías internas", dijo Mendoza en conversación con el programa Expreso Bío Bío. Si hay indicios de que se cometieron delitos, añadió, corresponde también la denuncia judicial.
El excontralor fue cuidadoso en un punto: no todas las fundaciones son problemáticas. Reconoció que un grupo de ellas habría incurrido en aprovechamiento ilícito, pero alertó contra la generalización. Hay fundaciones, dijo, que son "estrictamente potentes, necesarias" y que representan formas de colaboración público-privada que el Estado requiere.
La etiqueta de sospecha ya está causando daño a organizaciones que no tienen relación con el escándalo. Mendoza mencionó fundaciones dedicadas al combate de la drogadicción y redes de apoyo para personas en Código Azul, el protocolo de atención prehospitalaria para emergencias vitales. "Todas las entidades bajo este manto de sospecha, y eso es particularmente injusto", señaló.
El tercer informe abre además una dimensión más compleja: el problema no es solo financiero. Mendoza advirtió que hay opacidades en la transferencia de conocimientos y capacidades entre el Estado y las fundaciones privadas, un aspecto que el reporte apenas comienza a explorar. Con 1,4 billones documentados sin rendir, el Gobierno debe activar el mecanismo que el excontralor exige: denuncia ante la Contraloría, auditorías internas y, de encontrarse antecedentes, acciones penales.
