Fernando Atria, académico constitucionalista y una de las voces más influyentes en el debate sobre el modelo político chileno, salió esta semana a defender lo que la derecha calificó de contradicción flagrante: que la izquierda recurra al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar leyes del gobierno de José Antonio Kast, pese a que él mismo lleva años denunciando ese organismo como una cámara política disfrazada de tribunal.

El fallo que detonó el debate fue concreto: el TC declaró inconstitucionales cuatro normas del proyecto Escuelas Protegidas, una de las iniciativas más emblemáticas del actual ejecutivo. El triunfo de la oposición en ese terreno abrió una pregunta incómoda para la izquierda: ¿resulta coherente usar una herramienta que durante años calificaron de ilegítima?

El cuestionamiento de Atria al TC no es reciente. Durante la última década, el abogado sostuvo que el organismo funciona como una "tercera cámara" del Congreso, pero sin representación democrática directa y con un sesgo contramayoritario. Su argumento central era que los ministros del TC resuelven según sus afinidades políticas, envolviendo decisiones partidistas en lenguaje técnico o jurídico. Si la mayoría del pleno era de derecha, fallaba hacia la derecha; si era de izquierda, fallaba hacia la izquierda.

Esa lógica cambió de signo durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, cuando el TC adquirió una composición percibida como más cercana al progresismo. Ahora, con Kast en La Moneda y la izquierda convertida en minoría parlamentaria, ese tribunal que antes era el adversario comenzó a verse como un recurso posible.

La respuesta de Atria llegó por X ante una consulta del exconcejal de la Democracia Cristiana (DC) Pablo Jaeger. El argumento del académico fue de separación de planos: una cosa es creer que el TC no debería existir, otra muy distinta es negarse a utilizarlo mientras sí existe. "Todos los que creen que la democracia sería mejor si no existiera este tribunal, ¿no pueden usar esta herramienta?", escribió.

Atria admitió, además, que cuando el pleno tiene una composición que le parece adecuada, sus fallos le parecen correctos, y reconoció que eso ratifica, precisamente, que el TC actúa como una cámara política. El fallo sobre las normas de Escuelas Protegidas se perfila como el primer test real de hasta dónde está dispuesta la izquierda a llevar ese pragmatismo durante el gobierno de Kast.