Hay datos que avisan y datos que confirman. La tasa de desocupación de 9,4% que registró el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) en el trimestre marzo-mayo pertenece a los segundos: ratifica una tendencia que lleva más de tres años instalada en el mercado laboral, con desempleo sostenidamente sobre el 8% desde principios de 2023 y sin señales claras de quiebre.

El deterioro no afecta a todos por igual. Las mujeres registraron una tasa de desocupación mayor que la de los hombres durante el último trimestre, una brecha que se repite sin que exista una política sostenida para cerrarla. El crecimiento en la población ocupada se concentró en manufactura, salud y actividades profesionales, pero la expansión real vino principalmente de trabajadores por cuenta propia y asalariados informales. Que el empleo crezca por esa vía no es una buena señal: significa trabajo sin la protección ni la estabilidad que una economía en desarrollo necesita.

Hay un diagnóstico que traspasó el espectro político, con voces desde la propia oposición coincidiendo en el análisis: tres cambios de política aplicados de forma simultánea encarecieron el costo de contratar justo cuando la economía tenía menos margen para absorberlo. La combinación fue el alza del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y el aumento de las cotizaciones previsionales derivado de la reforma de pensiones. Lo que hace más compleja la situación es que ese impacto no terminó. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció que quedan seis puntos adicionales de cotización por implementar y que la jornada seguirá bajando. Sus palabras fueron directas: "el aumento de costos laborales no ocurrió solo los últimos cuatro años, sino que va a seguir ocurriendo".

Frente a ese diagnóstico, la Sofofa (Sociedad de Fomento Fabril, el gremio que agrupa a la industria manufacturera) presentó cinco propuestas concretas. La principal busca reemplazar la indemnización por años de servicio con un sistema de cuenta individual dentro del Seguro de Cesantía. Propone también eliminar el umbral de 20 trabajadoras que obliga a las empresas a financiar sala cuna, una norma que los gremios sostienen desincentiva contratar mujeres. Las otras tres apuntan a flexibilizar la jornada, modernizar la capacitación y fomentar el empleo joven mediante la educación dual, un esquema que combina estudio formal con trabajo práctico en empresas. La CPC (Confederación de la Producción y del Comercio, que reúne a los principales gremios empresariales del país) respaldó esa agenda y añadió subsidios a la contratación y mayor estabilidad regulatoria entre sus demandas.

El ministro Rau anticipó que los costos laborales seguirán aumentando en los próximos años, lo que pone presión adicional sobre cualquier política de empleo. El próximo dato del INE, correspondiente al trimestre abril-junio, se publicará en agosto y será la primera señal de si la tendencia cede o si el desempleo consolida una nueva normalidad por encima del 9%.