Caso colusión de la centolla: pescadores artesanales de Magallanes se suman al juicio contra las siete pesqueras acusadas Según la Fiscalía Nacional Económica, la manipulación sostenida del mercado entre 2017 y 2021 golpeó duramente los márgenes de ganancia anuales de unas 2 mil familias de pescadores, provocando un daño patrimonial severo y deprimiendo la rentabilidad del sector artesanal. Noticias destacadas Pescadores artesanales de la Región de Magallanes se sumaron como tercero coadyuvante en la causa por una eventual colusión en la industria de la centolla, tramitada en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
La disputa judicial involucra a siete empresas pesqueras de la zona, acusadas de concentrar el 88% del poder de compra y desplomar artificialmente los precios pagados por el apetecido crustáceo en la zona austral. La acción judicial permite que 91 pescadores, entre ellos armadores y tripulantes magallánicos, puedan representar al sector artesanal en el juicio contra las compañías Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota, Bakkavör y Proyecta Corp, que, según la investigación, coordinaron a la baja los valores de la centolla durante nueve temporadas consecutivas.
De acuerdo con los cálculos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), esta manipulación sostenida del mercado entre 2017 y 2021 golpeó duramente los márgenes de ganancia anuales de unas 2 mil familias, provocando un daño patrimonial severo y deprimiendo la rentabilidad del sector artesanal. Acreditación del daño Los trabajadores magallánicos lograron agrupar mandatos de zonas como Porvenir, Punta Arenas, Castro y Tierra del Fuego para demostrar ante la justicia que fueron engañados sistemáticamente por la industria.
Su participación en la causa, acredita el interés del sector frente al daño económico sufrido por la falta de libre competencia. La ofensiva representa un hito tras meses de incertidumbre, ya que el temor a represalias comerciales y posibles bloqueos en la compra de futuras capturas mantenía frenadas las adhesiones a la demanda.
La decisión de enfrentar directamente al poder comprador se detonó finalmente cuando la FNE abrió el expediente completo del caso, dejando al descubierto un esquema operativo avalado por allanamientos, documentos financieros confidenciales y decenas de llamadas telefónicas interceptadas a ejecutivos de las empresas en cuestión. De comprobarse la colusión, las compañías involucradas arriesgan multas de 62 mil Unidad Tributarias Anuales ($ 53 mil millones).