Académicos de Derecho y Psicología de la Universidad de La Serena, advirtieron que la iniciativa del Ejecutivo no solo busca sancionar, sino también fortalecer la prevención y la crianza. El proyecto de ley de responsabilidad parental, impulsado por el Ministerio de Justicia, abrió un nuevo debate sobre el rol que tienen las familias en la prevención de conductas delictuales y en el cuidado de niños, niñas y adolescentes.
La propuesta contempla medidas que van desde multas económicas hasta la pérdida de la patria potestad y restricciones al derecho sucesorio, además de programas de habilidades parentales y acompañamiento familiar. Con respecto a esto, el académico de Derecho Civil del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Serena, Nelson Gallardo Benavides, señaló que “la lógica del proyecto reacciona al hecho de que en la actualidad existen normas de responsabilidad parental en el Código Civil, pero son poco eficaces, debido a que los procedimientos judiciales son de lato conocimiento y porque los supuestos normativos de las normas civiles (sobre todo codificadas) son difíciles de aplicar”.
El Magíster en docencia para la educación superior, también explicó que “el proyecto permitiría que los padres o cuidadores sean responsabilizados judicialmente cuando se determine que incumplieron sus deberes de cuidado, orientación o supervisión respecto de sus hijos menores de edad”. “Esto implicaría que los Tribunales de Familia podrían intervenir en situaciones donde las conductas de los hijos generen daños a otras personas, por actos de violencia escolar o destrucción de bienes”, añadió.
En cuanto al impacto de esta iniciativa, el académico recalcó que “podría establecer sanciones civiles e infraccionales para padres o madres, como multas, obligación de reparar daños, asistencia obligatoria a programas de apoyo familiar o medidas de orientación parental. También tendría el efecto de fortalecer el rol preventivo del Estado y de los Tribunales de Familia, ya que no solo se buscaría castigar, sino también intervenir tempranamente en contextos familiares conflictivos”.
“Otro efecto relevante sería la ampliación de las facultades judiciales para evaluar el entorno familiar y exigir un mayor cumplimiento de los deberes de crianza. Sin embargo, el proyecto también podría generar debate respecto de hasta qué punto es justo responsabilizar legalmente a padres y madres por las conductas de sus hijos”, advirtió.