El Pleno de la Cámara de Diputados dio entrada formal a tres dictámenes que reformulan aspectos clave de la industria cinematográfica; los derechos de intérpretes frente a la inteligencia artificial y el derecho a la vivienda adecuada, como parte de las propuestas legislativas impulsadas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Dichas iniciativas buscan no solo actualizar el marco normativo nacional, sino también responder a desafíos tecnológicos y sociales que afectan de manera directa a sectores estratégicos y grupos de trabajadores en el país.
La propuesta más relevante en materia de cifras incluye la sanción prevista para quienes infrinjan los derechos de las personas artistas intérpretes o ejecutantes en el contexto del uso no autorizado de inteligencia artificial. La multa podrá oscilar entre 50 y 100 UMAs (Unidades de Medida y Actualización), con la posibilidad de duplicarse en caso de reincidencia, aunque sin exceder el doble del máximo fijado.
¿Cuáles son los cambios que establece la Ley Federal de Cine y el Audiovisual? Uno de los dictámenes presentados propone la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que derogaría la Ley Federal de Cinematografía vigente.
El objetivo principal es fomentar y regular la producción, distribución, difusión y preservación de obras cinematográficas y audiovisuales en México, así como garantizar el derecho de toda persona al acceso a esos contenidos “por cualquier medio”. El texto subraya que la nueva ley tendrá aplicación obligatoria en todo el país y pondrá énfasis en rescatar y conservar el patrimonio fílmico nacional, asegurar la diversidad cultural, promover el desarrollo de la industria y apoyar la formación audiovisual como parte del derecho fundamental a la educación y la cultura.
Además, establece que las entidades federativas, municipios y demarcaciones deberán colaborar activa y coordinadamente, tanto por sí mismas como mediante acuerdos con la autoridad federal competente, en el fomento y difusión de la industria. El documento define a las obras cinematográficas y audiovisuales nacionales como vehículos de expresión artística, social o educativa, y recalca su carácter de productos culturales, recreativos y económicos.