Cuando la primera sala del Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) a inicios de junio, la derrota para el sector parecía total. Pero los abogados ya habían abierto un frente paralelo.
Sura Asset Management, empresa controladora de AFP Capital, presentó por separado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el TC. La segunda sala del tribunal lo revisó y lo declaró admisible, lo que reactiva la disputa contra la norma de la Superintendencia de Pensiones que impone requisitos más exigentes para quienes integran los directorios y equipos de inversión de las AFP.
La estrategia fue liderada por Rodrigo Díaz de Valdés, socio del estudio de abogados internacional Baker McKenzie. La resolución del TC indicó que los antecedentes presentados acreditaron el cumplimiento de las exigencias del artículo 93 de la Constitución Política y de los artículos 83 y 84 de la Ley 17.997, la ley orgánica que rige al tribunal.
Sura Asset Management también había presentado en febrero un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, acción que permanece suspendida hasta que el TC emita sentencia. La causa de las gestoras de fondos de pensiones en ese mismo tribunal, en tanto, reanudó su tramitación tras el rechazo del requerimiento original de las AFP.
