La Policía de Investigaciones (PDI) encabezó este jueves una fiscalización en los hoteles Sommelier y Mosqueto, en el centro de Santiago, con apoyo técnico de la Dirección del Trabajo Poniente y del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG, Servicio Nacional de Migraciones).

El control apuntó a verificar la identidad y la situación de permanencia de trabajadores en los establecimientos, y a fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral por parte de los empleadores. Tras la revisión de documentos y registros, las autoridades procedieron a denuncias administrativas y a notificaciones de expulsión cuando correspondió.

Como resultado de la acción coordinada, se denunció a 15 migrantes en condición irregular: 13 de nacionalidad venezolana, 1 ecuatoriana y 1 colombiana. La fiscalización determinó que 14 de ellos habían ingresado por paso no habilitado, y dos personas fueron notificadas de sus procesos de expulsión administrativa.

En paralelo, la PDI informó que al cruzar los antecedentes de una ciudadana chilena se constató que mantenía órdenes de detención vigentes por un delito grave. El inspector Nicolás Catalán, de la Policía Internacional, detalló que "se encontraba prófuga desde el año 2023, manteniendo dos órdenes de detención vigentes". La mujer fue detenida y puesta a disposición de la justicia.

Dos empleadores que arriendan habitaciones y contratan personal en los recintos fiscalizados arriesgan multas millonarias por emplear a personas sin los permisos correspondientes, según lo informado por la Dirección del Trabajo Poniente.

Frank Sauerbaum, director nacional del SERMIG, valoró el operativo y señaló que estas acciones, que se han intensificado desde el 11 de marzo, permiten no solo regular situaciones migratorias sino también aportar a la seguridad pública, porque posibilitan la detención de personas buscadas por la justicia.

La fiscalización se enmarca en revisiones recurrentes en alojamientos del centro de Santiago tras denuncias sobre condiciones laborales y usos de habitaciones para alojar trabajadores. Las autoridades declararon que los 15 migrantes quedaron denunciados, que dos empleadores enfrentarán procesos sancionatorios y que la mujer, con dos órdenes de detención vigentes desde 2023, quedó a disposición del Ministerio Público para los trámites judiciales correspondientes.