El eje del debate cambió. Ya no se discute qué derechos tienen las personas sobre sus datos, sino si las empresas e instituciones están en condiciones reales de cumplir con las nuevas exigencias. Esa tensión define el proceso de ajustes a la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, cuya plena implementación el país aún no ha completado.

Durante años, la protección de datos en Chile se asoció principalmente a obtener el consentimiento de las personas para usar su información. La nueva norma va más lejos. Las organizaciones deberán demostrar que saben qué datos administran, para qué los usan, quién tiene acceso y qué medidas de protección aplican. Eso exige capacidades técnicas, sistemas de gestión y decisiones de diseño que muchas empresas e instituciones aún no tienen.

El escenario se complica con la expansión de la inteligencia artificial. A medida que más organizaciones usan IA para selección de personal, atención al cliente, análisis predictivo o educación, las preguntas se multiplican: qué datos alimentan esos sistemas, quién responde por los errores y cómo se auditan las decisiones automatizadas. La ley obliga a responder esas preguntas con precisión, no con buenas intenciones.

Angélica Urrutia, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Finis Terrae, y Betty Martínez-Cárdenas, académica investigadora de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios, advierten que la implementación exitosa no dependerá solo de normas y contratos. Requiere que las organizaciones asuman la gobernanza de datos como una función institucional, con responsables claros y procesos auditables.

El otro eje del problema es el comportamiento de los propios ciudadanos. Por años, las personas compartieron datos personales para acceder a servicios y plataformas digitales sin reflexionar sobre el valor de esa información. La nueva normativa refuerza los deberes de quienes manejan datos, pero también interpela a los usuarios: proteger la privacidad requiere tanto regulación institucional como cultura individual de autocuidado.

Los ajustes en curso buscan calibrar los plazos para que organizaciones públicas y privadas adapten sus sistemas antes de que la norma opere con plena exigibilidad. Tanto Urrutia como Martínez-Cárdenas coinciden en que el éxito de la ley dependerá de que la protección de datos se convierta en una función permanente, y no en un ejercicio puntual de cumplimiento formal.