Hoy las redes digitales sostienen buena parte del funcionamiento de las economías modernas. Sobre ellas operan el sistema financiero, las telecomunicaciones, la logística, el comercio electrónico y múltiples servicios públicos.
En consecuencia, un incidente tecnológico relevante no solo compromete datos o plataformas informáticas; también puede afectar la continuidad operativa de un país. Por esta razón, la ciberseguridad dejó de ser una cuestión puramente técnica.
Hoy es un asunto estratégico que incorpora dimensiones económicas, sociales, jurídicas y políticas. La economía chilena es abierta y está profundamente integrada a los flujos globales de capital, comercio y tecnología.
Esa integración ha sido clave para su desarrollo durante las últimas décadas. Sin embargo, en el ámbito digital también implica una dependencia significativa.
Chile posee una capacidad limitada de producción tecnológica estratégica y, por lo tanto, gran parte de su infraestructura crítica —desde servicios en la nube y software hasta equipamiento de telecomunicaciones y soluciones de ciberdefensa— es diseñada, desarrollada y operada por actores globales. En condiciones normales, esta interdependencia no representa necesariamente un problema.