El gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió retirar desde la Contraloría el decreto que permitía implementar la nueva Ley de Adopción, una normativa largamente esperada y que había sido despachada desde el Congreso Nacional a mediados del año pasado. Una medida que abrió un nuevo flanco de críticas desde la oposición y desde el centro político, quienes cuestionan el fondo de la decisión.
Cabe recordar que la nueva Ley de Adopción fue aprobada luego de casi 12 años de debate legislativo, periodo en el que se buscaron consensos técnicos y políticos para modernizar un sistema ampliamente criticado por su lentitud. Entre sus principales cambios, la normativa apunta a reducir significativamente los tiempos de adopción -que en algunos casos podían extenderse hasta seis años-, priorizando el interés superior del niño y facilitando procesos de vinculación familiar más ágiles y eficaces.
Sin embargo, la entrada en vigencia de la ley depende de su reglamento, cuyo decreto debía ser visado por la Contraloría. Fue precisamente este documento el que el Ejecutivo decidió retirar, argumentando la necesidad de revisarlo antes de su implementación.
La decisión generó críticas inmediatas en el Congreso. La diputada Lorena Fries (FA), integrante de la Comisión de Familia, calificó la medida como “un retroceso” y advirtió una contradicción en el actuar del Ejecutivo.
“Mientras se afirma que se busca agilizar la gestión pública, en la práctica se frenan los procesos. Se trata de una decisión política que retrasa la implementación de una ley largamente anhelada y que pone en el centro el interés superior del niño y sus derechos”, sostuvo.