La Tesorería General de la República (TGR) informó que más de 550 mil personas mantienen deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), situación que ha obligado al Fisco a desembolsar más de $4 billones para responder ante las entidades bancarias por los créditos impagos. Presidente Kast respalda embargos por deuda del CAE y descarta “falta de humanidad” Ante este escenario, la institución reiteró que continuará ejerciendo las facultades que le otorga la ley para recuperar dichos recursos públicos, incluyendo medidas de cobro judicial y embargos en aquellos casos donde no exista regularización de las obligaciones pendientes.
Según detalló el organismo, durante 2026 más de 32 mil personas han suscrito convenios de pago para regularizar su situación. Estos acuerdos consideran la situación económica de cada deudor y contemplan condiciones especiales para quienes registran menores ingresos.
“En lo que va del año, más de 32 mil personas han suscrito convenios de pago que consideran la situación económica acreditada de cada persona”, señaló el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli. Más de 1.500 embargos La TGR informó que, hasta la fecha, más de 1.500 personas han sido objeto de medidas de embargo proceso de recuperación de las deudas CAE.
La institución precisó que la mayor parte de estas acciones se ha concentrado en contribuyentes que registran ingresos iguales o superiores a $3,5 millones mensuales, de acuerdo con la información tributaria disponible correspondiente al Año Tributario 2025. Asimismo, aclaró que quienes se encuentren cesantes pueden acceder a condiciones especiales de pago presentando la documentación que acredite su situación laboral, lo que permite optar a convenios con cuotas equivalentes a una UTM.
Respuesta a cuestionamientos y respaldo judicial En medio de las críticas surgidas en redes sociales por los procesos de embargo, la Tesorería enfatizó que las acciones de cobro continúan desarrollándose conforme a la normativa vigente y que el hecho de que las medidas se hayan concentrado inicialmente en personas de mayores ingresos no implica una suspensión del procedimiento respecto de otros deudores. La institución también destacó un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Arica, que rechazó un recurso de protección presentado por un deudor que buscaba dejar sin efecto un procedimiento de embargo relacionado con el CAE.