Por Alfredo Peña R. La política tiene momentos incómodos.
Pero existen otros derechamente peligrosos. Y lo que comienza a configurarse en torno a la causa por colusión en la industria de casinos podría transformarse en uno de los episodios políticamente más corrosivos para el actual gobierno.
No se trata de una polémica menor ni de una disputa empresarial cualquiera. Estamos hablando de la causa de atentado a la libre competencia más grave en la historia reciente de Chile: requerimientos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que persiguen multas históricas y que, incluso, podrían derivar en penas de cárcel por una coordinación ilícita entre algunos de los principales operadores de casinos del país.
Y la multa que pidió la fiscalía es la más alta aplicada en Chile a empresas que se hayan coludido: 151.9 millones de dólares. Y es en contra de las empresas Dreams, Enjoy y Marina del Sol y cinco altos directivos y ejecutivos de esas empresas que tienen casinos de juego en todos el país.
Además de la ultra millonaria multa, la fiscalía pidió poner término a los permisos que obtuvieron estas empresas en las licitaciones en las que estas tres empresas se pusieron de acuerdo para no competir entre ellas. Se reactiva el juicio En las últimas horas y luego que el Tribunal Constitucional rechazara un requirimiento en contra de Enjoy (Casino de Viña y otros) se reactivó el juicio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.