La Corte de Apelaciones de San Miguel cerró definitivamente la causa por la muerte de Aníbal Villarroel y las lesiones de Bastián Salamanca tras aplicar de forma retroactiva la Ley Naín-Retamal. La resolución benefició al teniente Joaquín Ignacio Muñoz Vásquez —identificado por un peritaje balístico de la PDI como autor del disparo que mató a Villarroel—, además del exgeneral director de Carabineros Mario Rozas, el exministro del Interior Víctor Pérez y el exintendente Luis Felipe Guevara.
Para Marta Rojas, madre de Aníbal, la noticia cayó como otro golpe después de casi seis años de búsqueda de justicia. “Fue como un balde de agua fría para nosotros”, dijo a Radio y Diario Universidad de Chile.
La resolución de la Quinta Sala Extraordinaria revocó el fallo del Décimo Juzgado de Garantía de Santiago, que en diciembre de 2025 había rechazado el sobreseimiento. Aníbal Villarroel tenía 26 años cuando murió el 18 de octubre de 2020 en la población La Victoria.
Trabajaba en una corredora de seguros, era padre de una niña y participaba activamente en organizaciones sociales y culturales del sector. Esa noche observaba las manifestaciones por el primer aniversario del estallido social junto a su amigo Bastián Salamanca cuando recibió un disparo en el tórax efectuado por el entonces teniente Joaquín Muñoz Vásquez.
Salamanca terminó herido en un pie. La investigación de la PDI concluyó que ninguno de los dos portaba armas esa noche.