El subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), afirmó que "el Gobierno está trabajando en una revisión respecto de las pensiones de gracia que se han otorgado en el contexto del estallido de octubre de 2019". "Es una mínima responsabilidad con los recursos que se entregan a través de una gracia especial del Presidente de la República, y es algo que desde el día uno estamos haciendo", explicó Pavez en un punto de prensa el martes, a propósito del caso de Benjamín Huerta Escobar, detenido en Ovalle por tráfico de fentanilo y que hasta enero recibía una pensión estatal tras haber sido baleado en 2019 por un capitán del cuerpo de Carabineros que fue condenado en 2022 a seis años de cárcel por homicidio frustrado.
Según el Gobierno, Huerta recibía una pensión cercana a los 450 mil pesos mensuales, que en enero le fue retirada por razones que no se han informado: "Ya no es beneficiario de pensiones de gracia", confirmó Pavez. Defensa de la jefa de gabinete El denominado "vocero de contingencia" también realizó una defensa pública de Catalina Ugarte, la jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast, criticada en los últimos días por haber recibido en 2009 un subsidio estatal de vivienda.
"La información que nosotros tenemos es que el subsidio, que hace 20 años, durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, se entregó a la hoy día jefa de gabinete del Presidente de la República, está con todos los requisitos legales cumplidos", aseguró. Una investigación del medio Fast Check reveló, la noche del lunes, que Ugarte y tres de sus hermanos obtuvieron en 2009 un beneficio que estaba vedado para quienes, directamente o a través de sus grupos familiares, tuvieran propiedades.
De acuerdo al reportaje, la jefa de gabinete de Kast tenían acciones en una inmobiliaria familiar con casi un centenar de terrenos en la periferia de la capital. Su madre, en tanto, era propietaria de una casa en Las Condes que figuraba como el domicilio oficial de la familia.
La investigación también denunció que Ugarte y sus hermanos financieron con el subsidio estatal la compra de departamentos en Santiago, de los cuales aún figuran como dueños. Con esta información, el Frente Amplio anunció acciones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Contraloría y Fiscalía.