La muerte de un niño de 12 años en San Bernardo dejó al descubierto una deuda legislativa que la Unión Demócrata Independiente (UDI) arrastra desde 2018: un proyecto para rebajar la edad de responsabilidad penal a los 13 años, sin urgencia y sin fecha de votación.
El menor murió la semana pasada tras quedar colgando y ser arrastrado por varias cuadras. Un grupo de delincuentes, en su mayoría menores de edad, había robado el vehículo en que viajaba con su familia. La imagen del hecho conmocionó al país y recrudeció el debate sobre cómo responde el Estado cuando los ejecutores son adolescentes.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, junto a los diputados Jaime Coloma y Eduardo Cretton, miembros de la comisión de Seguridad Ciudadana, convocaron al Ejecutivo a actuar. La iniciativa que piden acelerar también busca sancionar como adultos a los mayores de 16 años reincidentes o implicados en delitos de alta connotación social.
La Cámara dio una señal política la semana pasada: aprobó por 77 votos a favor, 40 en contra y nueve abstenciones una resolución que pide al presidente José Antonio Kast acelerar la tramitación. El respaldo fue amplio, pero una resolución no tiene fuerza de ley y no obliga al Gobierno a actuar.
Las cifras del Ministerio Público dan soporte al argumento de la UDI. En 2022, 4.158 menores estaban vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales. La cifra subió a 4.675 en 2023 y a 4.966 en 2024, una tendencia al alza que los parlamentarios utilizan para sustentar la reforma.
El Ejecutivo no cerró la puerta. Los ministros de Seguridad Pública, Martín Arrau, y de Justicia, Fernando Rabat, anunciaron que estudiarán una rebaja de la edad de imputabilidad. Para la UDI, esa apertura es insuficiente si no va acompañada de una urgencia formal que fije un plazo al Congreso.
El proyecto lleva ocho años paralizado. Sin urgencia, puede seguir sin fecha de votación indefinidamente.
