La propuesta de crear un registro de vándalos ha provocado diversas reacciones, pero una, sin duda, era tan predecible como reveladora. Antes de conocer el contenido definitivo del proyecto, ya surgieron voces preocupadas por las consecuencias que podrÃa enfrentar quien destruye bienes públicos, agrede a funcionarios, paraliza ciudades o transforma los espacios comunes en escenarios de violencia y desorden.
Una vez más, para la izquierda polÃtica, la principal preocupación no son las vÃctimas de estas conductas, sino quienes las cometen. Ese es el verdadero problema de fondo.
No estamos discutiendo solamente sobre un registro o una sanción accesoria. Cada vez que una turba destruye una estación, lanza piedras, raya monumentos o propiedad privada, bloquea el libre tránsito en las calles o convierte una protesta legÃtima en vandalismo, existen vÃctimas reales.
Y no son los manifestantes. Son los trabajadores que no llegan a sus empleos, los comerciantes que ven destruido el esfuerzo de años, los vecinos que pierden la tranquilidad de sus barrios, las familias que observan cómo el espacio público se deteriora y los Carabineros mandatados a contener el orden público, que son puestos en el banquillo de los acusados por cumplir su deber.
Sin embargo, cuando se plantea una sanción efectiva, el debate cambia de foco. La conversación deja de girar en torno al daño causado y pasa a centrarse en la incomodidad que podrÃa experimentar quien decidió causarlo.