El Decimoquinto Juzgado Civil de Santiago determinó que Carabineros actuó fuera del protocolo de control de orden público al disparar la lacrimógena que impactó a Diego Leppez en noviembre de 2019, durante el estallido social. El tribunal condenó al fisco a pagar $50 millones por daño moral al trabajador, quien perdió la visión total de su ojo derecho.
Leppez se desempeñaba como jefe de departamento en una tienda de construcción. Esa tarde salió antes del trabajo por la inseguridad en las calles de Santiago y, al encontrar los recorridos del transporte público alterados, debió continuar a pie por el sector de Plaza Italia. Ahí sacó fotografías de lo que ocurría en la zona.
Cuando Carabineros llegó a dispersar una manifestación en las cercanías del puente Pío Nono, una bomba lacrimógena lo impactó directamente en el ojo derecho. Además de la pérdida total de la visión, sufrió fracturas nasales.
El fallo señala que los antecedentes disponibles "no logran acreditar que el actor haya tenido una intención o actitud agresiva en contra de algún funcionario policial para resistir o evadir un control, ni otra circunstancia que justifique el uso de armas no letales". La prueba presentada, agrega el tribunal, demuestra que la manifestación se desarrollaba "pacíficamente antes de la llegada de los funcionarios de Carabineros".
Junto con la indemnización principal, el fallo ordenó pagar $10 millones a cada una de las dos hijas menores de Leppez. El tribunal consideró "la edad al momento de los hechos, la relación cercana y el impacto que generó ver a una figura tan importante en su vida como su padre padecer esta lesión".
