Estado en quiebra: diputados opositores advierten que polémica difusión del Gobierno podría constituir “delito” Legisladores independientes en la bancada PPD, Jaime Araya y José Francisco Montalva, insisten con nuevo oficio a la vocera Mara Sedini por “deber de informar”. Noticias destacadas La oposición no parece dispuesta a dejar pasar la situación generada a raíz de la difusión, desde La Moneda, de la frase que aludía a que el Estado de Chile estaría quebrado.
A pesar de que el Ejecutivo dio pie atrás retirando la publicación, que varias autoridades han asegurado no estar de acuerdo con el término y que el director de Contenidos de la Presidencia, Cristián Valenzuela, asumió su responsabilidad en lo ocurrido, el diputado independiente PPD Jaime Araya, especialmente, se niega a dejar pasar la polémica. Junto a su compañero de bancada José Francisco Montalva, ingresó un oficio a la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, en el que exige a la autoridad que informar si dio cumplimiento al “deber de denuncia”, a raíz de los antecedentes ya citados, recordando que “la Contraloría ha requerido un pronunciamiento, ojalá a la brevedad se instruya un sumario administrativo”.
En este sentido, Araya expresó su molestia respecto de que “los hechos son graves y podrían, de alguna forma, constituir delitos”. Pérdida de confianza Montalva, en tanto, advirtió que “si no hay fundamentos claros, esto puede derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales.
Pero lo más grave es la pérdida de confianza cuando el Estado comunica algo que no tiene respaldo”. Y explicó que “lo que se hace con este oficio es obligar al Gobierno a transparentar en qué se basa para decir que el Estado está en quiebra.
Si no hay sustento técnico, estamos frente a información oficial que no cumple con estándares mínimos de seriedad y legalidad”. Además, los diputados creen que las piezas comunicacionales difundidas podrían exceder el rol informativo del Estado, incorporando elementos ajenos a la comunicación institucional, “lo que eventualmente podría vulnerar principios de probidad, objetividad y uso adecuado de recursos públicos”.