El documento de la Mesa de Reactivación Laboral, instancia convocada para enfrentar el 9,4% de desempleo que registra Chile, recibió críticas por priorizar reformas de largo plazo en lugar de medidas concretas para generar empleo en el corto plazo.
La evaluación la realizó Pedro Matamala Souper, socio del estudio jurídico Provoste Matamala Abogados, quien reconoció que el informe identifica correctamente los problemas del mercado laboral chileno. Sin embargo, cuestionó que las soluciones propuestas no sean acordes a la urgencia que exige la situación. Según el abogado, hablar de reactivación mientras se priorizan medidas cuyos efectos tardarán años en materializarse genera una expectativa difícil de cumplir.
Una de las observaciones más directas apunta a la viabilidad jurídica de las propuestas. Matamala señaló que en Chile no basta con modificar el texto de una ley laboral: la interpretación de la Dirección del Trabajo, organismo dependiente del Ministerio del Trabajo, y la de los tribunales suele ser tan decisiva como la norma misma. Diseñar reformas sin considerar esa realidad, advirtió, aumenta las probabilidades de frustración.
El documento también propone ampliar el uso de datos del mercado laboral, pero según Matamala sin abordar los requisitos que exige la Ley 21.719, la normativa chilena de protección de datos personales vigente desde 2024. Para el abogado, modernizar el sistema laboral es posible, pero requiere pragmatismo, seguridad jurídica y responsabilidad fiscal. Sin esos tres pilares, las propuestas tienen pocas posibilidades de implementarse.
El desempleo de 9,4% registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se combina con una informalidad laboral persistente que deja a miles de trabajadores sin acceso a protección social. Para Matamala, la Mesa de Reactivación Laboral tiene la oportunidad de corregir el rumbo, pero solo si incorpora análisis de viabilidad jurídica, cumplimiento de la Ley 21.719 y medidas con efecto concreto en el empleo antes de que el ciclo político lo permita.
